El caso Figari: ¿Encubrimiento en la Iglesia?

Los actos de violencia física, psicológica y sexual en agravio de adolescentes, de los que se acusa a Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, merecen el rechazo total de la ciudadanía, nuestra solidaridad con las víctimas y ameritan una investigación exhaustiva sobre los hechos y las circunstancias que los hayan podido permitir, de modo que se realice las debidas reparaciones, se aplique las sanciones correspondientes y se tome las medidas necesarias para que en el futuro no suceda nada similar. Como dijo san Juan Pablo II: “no hay sitio en el sacerdocio o en la vida religiosa para los que dañan a los jóvenes” (Discurso a los cardenales americanos, 23.04.2002).

 

Según lo denunciado, las violaciones sexuales ocurrieron hace alrededor de treinta años o más. La demora en denunciarlos se explica por lo difícil y duro que es procesar el daño sufrido y tomar la decisión de hacerlo público, debido fundamentalmente a causas psicológicas. Damos gracias a Dios que finalmente se hicieron las denuncias, las cuales fueron presentadas ante el Tribunal Interdiocesano de Lima. Algunos han acusado a este Tribunal y al Sodalicio de Vida Cristiana de no haber dado trámite a esas denuncias y, por tanto, de proteger a Figari. También los han acusado de no informar al Ministerio Público, para supuestamente encubrir al culpable y obstaculizar la acción de la justicia.

 

El portavoz del Tribunal Eclesiástico de Lima, sin embargo, ha hecho de conocimiento público que, conforme a las normas de la Iglesia, ese Tribunal no está facultado para juzgar a Figari, debido a que éste es miembro del Sodalicio de Vida Cristiana, que es una institución eclesiástica de Derecho Pontificio, es decir dependiente de la Santa Sede para esos efectos. Ha informado también que, por esa razón, el Tribunal de Lima trasladó las denuncias al organismo correspondiente de Roma. La Santa Sede, por su parte, en abril de este año encargó a Monseñor Fortunato Pablo Urcey, Obispo de Chota y Secretario General de la Conferencia Episcopal Peruana, que verifique la autenticidad de las acusaciones efectuadas contra Figari, presente un informe pormenorizado de lo sucedido y sugiera el modo en que se debe proceder. Monseñor Pablo ha declarado que debe terminar su tarea dentro de pocos meses. El Superior General del Sodalicio, a su vez, ha informado que, como su institución no ha recibido ninguna denuncia y el proceso está siendo llevado por la Santa Sede, no puede iniciar un proceso paralelo sino colaborar con las autoridades eclesiásticas o civiles que así se lo requieran. Ha declarado también que, mientras tanto, ha dispuesto que el acusado no participe en la vida del Sodalicio y se retire a una pequeña comunidad de su institución, en oración y penitencia, a la espera de lo que dispongan las autoridades competentes, que pueden incluso expulsarlo del Sodalicio.

 

En cuanto a que la Iglesia no ha comunicado al Ministerio Público las denuncias recibidas, se debe tener en cuenta que si bien los hechos se cometieron contra adolescentes, ellos ahora deben tener alrededor de 40 años de edad o más. Cabe entonces preguntarse, si las mismas víctimas no han presentado su denuncia ante las autoridades del Estado ni le han pedido a la Iglesia que lo haga, ¿tiene la Iglesia derecho o deber de hacerlo e involucrarlos en un proceso penal que ellos, siendo ahora adultos, no han decidido iniciar?